Estaba casi moralmente obligado a tratar el desenlace del estatuto más famoso en la historia, al menos de España. Ya tuve la ocasión de asistir a su nacimiento hace unos años y ahora que parece que todo ha terminado como cabía esperar toca analizarlo.

Resulta que, tras cuatro años atascado en el Tribunal Constitucional y después de muchas dudas y quejas por la composición del mismo, finalmente se han atrevido a redactar el borrador de la sentencia. Qué peculiar ésta nuestra separación de poderes, ¿verdad? El tribunal que tiene que velar por la constitucionalidad de las leyes que se promulguen en el país está compuesto por jueces que son asignados por los partidos políticos que dictan dichas leyes. Y cuando el número de votos a favor y en contra – que curiosamente se puede deducir de antemano – no les favorece, se las ingenian para prorrogar sus periodos en el cargo. Bendito bipartidismo.

A la postre resulta que, de los 114 artículos y 11 disposiciones que el PP recurrió, catorce artículos han sido declarados anticonstitucionales. Veamos cuáles. En primer lugar, la dichosa definición de Cataluña como nación en el prólogo, no se ha declarado anticonstitucional pero se le “resta valor jurídico”. Esto es como decirles: poned lo que queráis, que nosotros ya si eso ya…

En los artículos polémicos (anulados o rectificados) está el relativo al uso de la lengua catalana como “preferente”, el que otorgaba competencias absolutas en justicia, el del Defensor del Pueblo de Cataluña, las “competencias exclusivas legislativas” que se atribuían en detrimento del Estado, e ídem con las Cajas de Ahorro y los tributos locales. Es decir, que lo que se veía venir como anticonstitucional en el año 2005, así ha sido declarado.

El PP recibe, lógicamente, esta noticia como un rotundo éxito de su recurso. El PSOE, curiosamente también, ya que la mayoría del texto sí era constitucional, sic. Y mientras tanto, los nacionalistas andan tirándose de los pocos pelos que les quedan. Quizá el mayor éxito lo pueda cosechar Ezquerra Republicana, que se desmarcó a tiempo del texto.

Y digo yo, ¿no habría sido mejor redactarlo “bien” desde un principio para que no hubiera que modificarlo ahora?, cuatro años después de ser refrendado y puesto en marcha. ¿Cuánto dinero van a costar ahora las modificaciones? Se nos calienta la boca prometiendo estatutos y luego pasa lo que pasa. España, chapuzas a domicilio. ¿Cómo nos van a tomar en serio fuera?

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